Cuadernos de

Medicina Forense

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PRUEBA PERICIAL

 


José Enrique Vázquez López

Abogado. Sevilla


 

De todos lo animales de la creación,
el hombre es el único que bebe sin tener sed,
come sin tener hambre y
habla sin tener nada que decir .
 

John Steinbeck.

 


EL PRECIO DEL DOLOR


Nos vamos a referir, aunque sea someramente, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29-06-2000 SOBRE LA VINCULACION DE LOS BAREMOS DE INDEMNIZACIONES EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACION. Y si les parece, vamos a comentar el aspecto más llamativo de dicha resolución en relación con el tema que nos ocupa.

ANTECEDENTES
La Sentencia, resuelve una serie de cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas, interpuestas por distintos Órganos Jurisdiccionales españoles en relación a la aplicación de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Como todos sabemos, dicha Ley establece una serie de baremos para la valoración de los daños personales sufridos con ocasión de sucesos y accidentes con ocasión del tráfico de vehículos a motor. Dichos baremos, al día de hoy, han sido suscritos por muchos Jueces y Magistrados españoles como el antiguo catecismo, a la hora de indemnizar los daños personales sufridos en accidentes de tráfico. Incluso muchos Médicos Forenses, contando alguno de ellos con mi franca amistad, han asumido dichos criterios a la hora de evacuar los preceptivos informes médicos de sanidad en causas penales. Pues bien, lo que muy resumidamente se plantea en el fondo de las acumuladas cuestiones de inconstitucionalidad, es lo siguiente: podría existir un trato desigual obligando a los Jueces a tratar del mismo modo, casos distintos, o lo que es igual, aunque se pretenda que dos personas distintas sufriendo las mismas lesiones reciban la misma indemnización, ello puede no ser justo, en orden a que no se contemplan las peculiaridades de cada caso, ni se da a cada uno "lo suyo", como reza la máxima.


Igualmente, se plantea que puede existir cierta discriminación, ya que el baremo rige, en todo caso, sólo para los daños personales derivados de accidentes de tráfico, sin contemplar para nada los daños materiales, por lo que otras parcelas del Derecho de la responsabilidad, tales como la responsabilidad médica, etc., no entrarían a formar parte de su ámbito.

DESENLACE
El Tribunal entiende que ha de dar la razón a los recurrentes que alegan que la regulación legal les vincula en todos sus extremos, "impidiéndoles atender a las singularidades del caso concreto, y satisfacer, en su caso, pretensiones resarcitorias derivadas de daños procesalmente acreditados, y no contemplados en el baremo, o que superan los límites indemnizatorios legalmente establecidos en aquél."


Continúa más adelante la propia Sentencia estableciendo que "Al tratarse, en suma, de un sistema legal de tasación de carácter cerrado que incide en la vulneración constitucional antes indicada, y que no admite ni incorpora una previsión que permita la compatibilidad entre las indemnizaciones así resultantes y la reclamación del eventual exceso a través de otras vías procesales de carácter complementario, el legislador ha establecido un impedimento insuperable para la adecuada individualización del real alcance o extensión del daño, cuando su reparación sea reclamada en el oportuno proceso, con lo que se frustra la legítima pretensión resarcitoria del dañado, al no permitirle acreditar una indemnización por valor superior al que resulte de la estricta aplicación de la referida tabla V, vulnerándose de tal modo el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE."

FALLO
"Estimar parcialmente las cuestiones acumuladas de inconstitucionalidad núms. ....., y en su virtud:
1º. Declarar que son inconstitucionales y nulos, en los términos expresados en el último fundamento jurídico de esta Sentencia, el inciso final "y corregido conforme a los factores que expresa la propia tabla" del apartado c) del criterio segundo (explicación del sistema), así como el total contenido del apartado letra B) "factores de corrección", de la tabla V, ambos del Anexo que contiene el "Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación", de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, en la redacción dada a la misma por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

CONCLUSIÓN
La división de poderes que se operó en los tiempos de Montesquieu, no deja de tener inconvenientes, como la colisión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, tal y como viene sucediendo en los últimos tiempos. El Legislador ha creado una norma que en gran medida, ha intentado limitar la discrecionalidad de los Jueces y el principio de independencia de los mismos. Como es lógico, algunos Juzgados han reaccionado planteando las cuestiones que muy por encima hemos apuntado. El Tribunal, en la propia Sentencia, hace incluso alusión a ese conflicto de poderes en el Estado, aunque pasa por la cuestión casi de puntillas. Sin embargo, lo positivo del caso es que reconoce la discriminación que supone aplicar el sistema de baremos en toda su extensión, y los factores de correción, ya que dichos factores nunca podrán impedir que se indemnice un daño procesalmente acreditado, aunque supere los límites legales.


Como siempre, hemos de ser coherentes, al menos en la parte que nos toca. Y siempre se ha dicho, al menos en el foro, que el baremo está muy bien cuando se trata de negociar indemnizaciones con carácter previo al juicio de que se trate, pero que quien tiene la última palabra, siempre ha de ser el Juzgador, quien, haciendo uso de la potestad que le otorga la Ley, indemnice y singularice la cantidad que, en concepto de "pecunia doloris", ha de recibir cada uno. Así debe ser. El Tribunal, por ello, ha sido consecuente y coherente dentro de lo posible y de las funciones que se le han asignado. El principio de la tutela judicial efectiva es sagrado. Y los Jueces, también han sido coherentes, al plantear las cuestiones de inconstitucionalidad. Los profesionales hubiéramos preferido quizá una solución más estable, pero como también hemos de ser coherentes, defenderemos nuestras respectivas posturas, e interpretaremos la Sentencia como nos venga en gana, siempre en interés de la Justicia, por supuesto. Y lo demás, las posturas radicales, y la imposición por decreto, por mejorar a costa de lo que sea, al día de hoy no nos vale. ¿O no recuerdan quizá lo que ha pasado con las vacas locas?

 

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