Cuadernos de

Medicina Forense

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PRUEBA PERICIAL

 


José Enrique Vázquez López

Abogado. Sevilla


 

DIOS NO JUEGA A LOS MÉDICOS.

DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA VERSUS DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA.

 

 

El artículo 16 de nuestra Constitución de 1.978 establece que "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley". Por otro lado, el artículo 43 del mismo Texto, dispone que "Se reconoce el dere­cho de la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". Por último, y como colofón y norma de conducta general e ineludible, el artículo 15 de nuestra Carta Magna consagra el derecho a la vida y a la integridad física.

 

La polémica está servida, sobre todo por lo que concierne a algunas confesiones religiosas que, de uno u otro modo, contemplan en sus libros sagrados reglas que atañen a la salud del individuo, o la comprometen en algún momento. Estamos hablando, por ser el caso más conocido, de los Testigos de Jehová, que en su interpretación de la Biblia, consideran impuro que una persona reciba sangre de otra, aún a riesgo de su vida. No obstante, el problema no se centra en el supuesto que vamos a contemplar, porque hay por el mundo muchísimas creencias que podrían ser objeto del análisis estrictamente legal, que no filosófico, que pretendemos hoy. En efecto, no hace mucho se juzgó y condenó en España por un delito de lesiones a unos padres de origen africano que habían mutilado a una de sus hijas mediante la ablación del clítoris. La razón de su conducta, según ellos mismos explicaron, tenía su base en motivos religiosos, ya que la mujer era considerada como un ser inferior, y por tanto, no debía sentir placer alguno en la práctica del acto sexual.

 

LA LEY DE DIOS.

Desde muy antiguo, el hombre ha necesitado tener unas normas de conducta que dirigieran su vida, y organizaran la comunidad de la que formaba parte, para encaminarla al fin común de subsistencia, perpetuación y colaboración que se entendía como meta primordial. Por ello, los restos arqueológicos más antiguos ya revelan un orden y unas reglas en cada comunidad establecida, variando los códigos de unas a otras zonas según razones tan diversas como complejas. Lo mágico se unía a lo práctico, y la supervivencia era cuestión fundamental. Por ello, la aspiración religiosa del hombre podemos encontrarla en todas las manifestaciones humanas, persistiendo en la actualidad en todos los rincones del globo.

 

El concepto de Dios, entendido de muchas formas distintas, podemos afirmar que es universal. No obstante, lo cierto y verdad es que cada una de las manifestaciones de Dios tiene sus normas propias, tan diferentes de las otras concepciones, aunque a la vez tan cercanas. Nos dice la historia del derecho que la situación jurídica actual fue el resultado de una evolución marcada por la separación entre la ley divina y la humana, llegando al estado presente, en el que la mayoría de los estados son aconfesionales, sin perjuicio de acoger en su seno a toda confesión que no colisione con el orden establecido. De todas formas, hemos de decir que aún hoy, muchas voluntades anteponen la ley divina a la humana, por lo que ésta tiene de injusto y temporal, llegando la discusión filosófica hasta nuestros días. En aras de la verdad hemos de decir que por medio de estas líneas, únicamente quede la reseña de los hechos, sin pronunciarnos en ningún sentido, ya que nuestra labor va a consistir exclusiva mente en analizar el caso a la luz de la ley humana, habida cuenta que el presente artículo se inserta en una publicación de corte científico y técnico, al margen de cualquier consideración que trascienda el derecho positivo y la prueba empírica.

 

LA LEY DEL HOMBRE. (S.T.S. 27/03/1.990). (S.T.S. 27/2/80).

Vamos a comentar en primer lugar una Sentencia que ilustra suficientemente el tema que hoy nos ocupa. Fue dictada en el año 1.990, sin perjuicio de que su vigencia al día de hoy resulta incuestionable.

 

Los hechos son los siguientes: El día 27/12/1.984, Manuel L.S., que padecía una esquizofrenia paranoide, tras una discusión con su esposa, Josefa, y valiéndose de un cuchillo, le asestó treinta y cinco puñaladas en diversas partes del cuerpo. La esposa fue traslada­da al hospital, donde ingresó con un intenso shock hipovolémico, consecuencia de las hemorragias. En dicho hospital, se procedió a suturar y hemostasiar las heridas, así como a la perfusión endovenosa de suero y sangre. Josefa salió del quirófano con una tensión arterial máxima de 10, y tenía puesto un catéter inserto en vena en brazo derecho, y el brazo fijado a la cama mediante un vendaje. En estas condiciones quedó encamada en la habitación n° 13 del citado hospital, en estado de inconsciencia. Allí se personó Leandro C.D., buscando la tarjeta que acreditaba que Josefa era testigo de Jehová, para que no se le hiciesen transfusiones de sangre, lo que motivó una situación de tensión entre el visitante y la acompañante de la enfermera, lo que determinó que ésta saliese de la habitación buscando a dicha enfermera. Cuando ambas regresaron, encontraron que el catéter había sido quitado por Leandro, quien presionaba con su mano el brazo de la hospitalizada impidiendo la hemorragia que se había producido. A consecuencia de todo lo relatado, Josefa fallece aquella misma tarde por el shock hipovolémico que estaba contenido por la aportación de sangre que recibía.

 

La Sentencia absuelve a Manuel L.S. del delito de parricidio de que era acusado por concurrir la eximente de enajenación mental, y condena a Leandro como autor de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, a la pena de un año de prisión menor. Contra dicha Sentencia recurrió el Ministerio Fiscal en casación. El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso y dicta segunda Sentencia condenando a Leandro como autor de un delito de homicidio con la concurrencia de la atenuante de obcecación, a la pena de seis años y un día de prisión menor.

 

La Sentencia entiende probada la relación causal, ya que el comportamiento del acusado fue causa del resultado. El recurso del Ministerio Fiscal se basaba en la concepción del dolo eventual, es decir, es el caso en el que el sujeto acepta o aprueba la realización del tipo penal. A su vez, la citada resolución aborda el tema de la asociación religiosa de los Testigos de Jehová, cuyos textos prohíben la hemoterapia porque "transfiere la vida de uno a otro", según la exégesis, y contempla el problema desde la perspectiva jurídica del con­sentimiento prestado por el interesado, restándole valor absoluto y recalcando el valor indis­ponible de la vida humana.

 

Por todo lo expuesto, resulta claro y evidente que ninguna práctica o creencia religiosa puede ir, jurídicamente hablando, en contra de los valores fundamentales del individuo, cuales son el derecho a la vida y a la integridad física, agravándose la cuestión en el caso de que una persona pretenda decidir por otra, cual el caso de los padres respecto de sus hijos menores.

 

Por ello, no viene mal recordar una Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que en cierta medida marcó el rumbo a seguir, cual es la de fecha 27/2/80, plenamente vigente en todo su contenido pese al tiempo transcurrido desde que fue dictada. En un proceso de separación matrimonial, consta acreditado que los cónyuges contrajeron matrimonio profesando ambos la ideología de los Testigos de Jehová. Una vez transcurrido cierto tiempo, y venido una hija de ambos al mundo, la esposa interpone demanda de separación por los malos tratos que su marido le infiere, solicitando una serie de medidas, entre ellas la custodia de la hija. En ese momento, el marido había abandonado la secta de los Testigos de Jehová para acoger la fe católica. Pues bien, en la Sentencia se declara cónyuge inocente a la esposa (según la antigua terminología y legislación, hoy superadas), sin perjuicio de privar de la tutela de la hija de dos años a la madre, para otorgarla al padre. La madre recurre en casación, y el Tribunal desestima el recurso en base al riesgo que puede comportar para la salud de la pequeña el hecho de que la madre, merced a sus creencias, prive de una transfusión de sangre a la misma caso de ser necesario.

 

CONCLUSIÓN

No podía ser de otro modo. Los poderes públicos han de velar por el cumplimiento de todos y cada uno de los preceptos constitucionales, y el derecho a la salud resulta tan incuestionable como básico. Ya en otra ocasión tuvimos la oportunidad de examinar el caso de derechos fundamentales en colisión, ofreciendo las soluciones que el Tribunal Constitucional nos da al respecto. Sin embargo, el presente supuesto no debe ofrecer dudas al intérprete del derecho. Por tanto, la salud, lo primero. Hagamos de esa frase una declaración de principios, y dejemos que la ciencia haga el resto.

 

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