Cuad Med Forense 1996; 6:24-33

El consentimiento informado.

E. Ruiz Vadillo (1)

(1) Magistrado del Tribunal Constitucional. Presidente del Instituto Europeo de España.

INTRODUCCIÓN

A medida que las técnicas y las correspondientes tecnologías avanzan y la Medicina, sobre todo la Cirugía, están a un nivel altísimo, la complejidad se adueña de muchas situaciones, hace unos años absolutamente impensables. Infinidad de operaciones que hoy salvan existencias humanas o que mejoran espectacularmente la calidad de vida de los enfermos (pensemos en la cirugía cardiovascular, en los trasplantes y un largo etcétera) hace años eran impracticables; por otra parte, los preoperatorios, las técnicas de diagnóstico, se hacen también más complicadas y con toda obviedad aparecen riesgos nuevos, aunque todo ello contribuya decisivamente a los fines curativos o paliativos de la enfermedad.

Ayer mismo, cuando sucedían algunas de estas situaciones, el paciente moría en su casa o en el hospital y los familiares asistían resignados, en general, en mayor o menor medida, a las exigencias de la naturaleza. Hoy, después de una complicadísima operación, los deudos del intervenido o él mismo, una vez terminado el postoperatorio, reflexionan sobre lo que pudo ser y lo que fue, y no es infrecuente que tengan la tentación, si obviamente no hay razón para la reclamación porque como en todas las profesiones no todo se hace bien por todos, de encaminarse al juzgado o al despacho de un Abogado para formular una reclamación civil o, lo que es peor, para formular una denuncia o preparar una querella criminal, generalmente por imprudencia.

En varias ocasiones me he ocupado de este tema, creyendo, con la mejor buena fe, que el camino que la sociedad, iniciado especialmente en los EE.UU de Norteamérica, de buscar a toda costa responsabilidad en los Médicos no era, como ya anticipé, una buena solución a los problemas que, sin duda, existen y que pueden tener otras vías de integración y sobre todo que no lo era el intento generalizado de proyectar estas reclamaciones hacia la jurisdicción penal.

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